La autoridad tributaria denunció que hay riesgos en el proyecto presentado al Congreso y que las multas son bajas.
El debate por la reforma al régimen de sanciones aduaneras en Colombia aumentó su temperatura, luego de que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales encendiera las alertas frente al proyecto radicado en el Congreso por la senadora Paola Holguín a nombre de varios gremios, con el fin de tener otra alternativa para los cambios que se deben aplicar en esta materia.
Según la entidad, aunque “más del 85% del articulado coincide con el proyecto radicado por el Gobierno”, existen cambios sustanciales que podrían debilitar la capacidad estatal para combatir el contrabando, el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Ante esto, la Dian explicó que el punto más delicado del texto es la propuesta de equiparar el decomiso de mercancías con una sanción, lo que, a su juicio, generaría un efecto contrario a la lucha contra la ilegalidad. Así mismo, recordó que “el contrabando no puede legalizarse por el simple paso del tiempo”, advirtiendo que reconocer el decomiso como sanción podría legitimar mercancía ilícita que ingresa sin cumplir los controles aduaneros establecidos.
El organismo también insistió en que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha definido el decomiso como una figura destinada a aclarar la situación jurídica de la mercancía y no como una penalidad y por ello, alertó que cualquier intento de modificar esa interpretación terminaría reduciendo la eficacia de los procesos de control aduanero. En su análisis técnico, la entidad sostuvo que este cambio abriría espacios que favorecerían actividades económicas ilegales.
Otro punto de preocupación para la autoridad tributaria está asociado a la forma en que el proyecto del sector privado plantea los principios de debida diligencia y lesividad, frente al que la entidad afirmó que “no estamos lidiando con personas del común”, sino con profesionales autorizados y habilitados por la administración aduanera, que conocen a profundidad los procedimientos y obligaciones. Por esa razón, consideró que su comportamiento debe evaluarse bajo estándares más estrictos de responsabilidad.
De acuerdo con el análisis institucional, aceptar una definición más laxa de estos principios podría generar comportamientos que afecten la seguridad nacional y sanitaria; al tiempo que recordó que, en la propuesta del Gobierno, los operadores especializados solo pueden ser exonerados bajo causales específicas, mientras que el proyecto presentado por los gremios reduciría ese marco, debilitando la posibilidad de sancionar incumplimientos relevantes. Para la entidad, esa flexibilización constituye un riesgo mayor.
Uno de los cuestionamientos más contundentes de la autoridad tributaria recae sobre los montos de las sanciones incluidas en el proyecto alterno; ya que la Dian advirtió que las multas propuestas son “absurdamente bajas” y que, debido a ello, podrían incentivar que usuarios y contrabandistas prefieran incumplir la ley y pagar una penalidad reducida antes que ajustarse a la regulación. Esto, señaló, incrementaría delitos asociados al contrabando técnico como el lavado de activos y el narcotráfico.
“En esa línea se encuentra que el Proyecto propone como sanción más alta, para una infracción gravísima, una multa de 1.000 UVT monto que, con todas las reducciones propuestas, quedaría en $2.000.000. Esto resulta irrisorio ante el impacto que representa el contrabando en la industria y la seguridad nacional y sanitaria”, dice el comunicado.
La Dian también cuestionó que el proyecto del Consejo Gremial no incluya un mecanismo que permita adaptar de manera ágil la normatividad sancionatoria a las nuevas dinámicas del comercio internacional; ya que según la entidad, la ausencia de esta herramienta obligaría a tramitar una ley adicional cada vez que se requieran sanciones para procedimientos novedosos, lo que frenaría la capacidad del país para responder a la evolución logística global.
Finalmente, reiteró que mantiene su disposición a participar en las discusiones legislativas “con transparencia, respeto, responsabilidad y lealtad” y aunque reconoció coincidencias con el texto radicado por los gremios, insistió en que los puntos divergentes comprometen la efectividad del control aduanero y el resguardo de la seguridad económica del país. Por eso, la entidad llamó a que los debates próximos en el Congreso fortalezcan, y no debiliten, la arquitectura institucional de lucha contra el contrabando.