Gobierno, gremios y opositores tienen posiciones encontradas frente a este proyecto.
El proyecto de reforma laboral, apuesta en la que desde la Casa de Nariño se viene trabajando desde el inicio de este gobierno, entró en la parte más importante de su trámite en el Congreso de la República, donde cada vez le queda menos tiempo y le faltan tres aprobaciones para convertirse en ley de la República, que deben lograrse antes de diciembre o de lo contrario volverá a hundirse.
Superadas las fases de impedimentos y elección de la ponencia, ahora la plenaria de la Cámara de Representantes se concentrará en la votación de los artículos que tiene este proyecto y desde ya se augura un debate movido en el que la oposición y ponentes buscarán sentar sus posiciones en temas como la jornada nocturna, el pago de recargos dominicales y festivos y los derechos laborales.
María Fernanda Carrascal, coordinadora ponente de la reforma, sostuvo que no se puede olvidar que los artículos a votar son el resultado de un trabajo mancomunado en el que han escuchado a los gremios, sindicatos y otros sectores sociales, a quienes se les recogieron sus preocupaciones y propuestas, con miras a garantizar condiciones dignas a los trabajadores y devolverles parte del esfuerzo que han puesto para sacar adelante el país.
“Hemos tenido en cuenta y hemos acogido en el articulado de la ponencia, varias ideas para proteger a los micronegocios, para proteger a las pequeñas y medianas empresas. Hemos acogido preocupaciones que definitivamente se ven en el articulado y que vamos a debatir la próxima semana. Lo más importante que sucedió hoy, en este debate, es que logramos enviar un mensaje y es que necesitamos sí o sí trabajar en conjunto, empresarios y trabajadores”, explicó Carrascal.
La Representante a la Cámara manifestó también que es necesario dejar en el pasado las “falsas creencias” sobre que es necesario tener enfrentados a los diferentes sociales y por el contrario hay que generar confianza y trabajar de la mano en pro de la productividad, crecimiento económico y mejoramiento de la calidad de vida en Colombia.
“En la medida que la demanda agregada se incrementa, es decir, que los trabajadores y trabajadoras tengan mejores salarios y mejores condiciones, pues pueden gastar más. Y eso es lo que le interesa a los empresarios, les interesa que puedan comprar los bienes y servicios que ellos proveen y que ellos producen. Entonces, si sacamos adelante esta reforma laboral, no va a ser la única medida que impulse la reactivación”, indicó.
Las cuentas al interior del Congreso en este momento dan por sentado que la reforma laboral quedaría aprobada la próxima semana y con eso se daría su paso al Senado, donde la oposición es más fuerte y deberá superar los debates en comisión y plenaria en poco más de tres meses, por lo que todavía las cuentas están apretadas.
Alertas frente al proyecto
En medio de estos debates y los trámites en el Congreso, esta semana se conoció un informe de Aliadas en el que se advierte que hay tres desafíos en esta reforma que no se han trabajado de forma correcta y que derivarán en afectaciones a la economía que podrían frenar la generación de empleo y, por el contrario, subiría los índices de informalidad laboral.
Según este equipo, a pesar de los reiterados llamados de diferentes sectores sociales para establecer una política pública basada en propuestas que aborden de manera integral la realidad laboral en Colombia, incluyendo reformas que beneficien a todos los actores de la sociedad, el Gobierno insiste en presentar al legislativo una reforma que desmotiva la generación de trabajo y perpetúa la informalidad, lo cual genera preocupación.
“Es esencial evitar legislaciones que favorezcan a un grupo minoritario de trabajadores, ya que esto no contribuye a la justicia social en el ámbito laboral. La reforma debe promover la flexibilidad contractual, adaptándose a las realidades de cada sector, y establecer un sistema de protección social para trabajadores independientes, garantizando su acceso a seguridad social y capacitación. Además, se debe fortalecer la Inspección y Vigilancia para prevenir abusos en la tercerización, sin limitar la productividad”, señalaron.
En primer lugar, la Alianza Aliadas indicó que la reforma laboral prioriza el trabajo dependiente, excluyendo a los trabajadores independientes e informales, lo que contradice la protección de todas las modalidades laborales. Además, sostienen que al imponer condiciones más estrictas y elevar indemnizaciones, incrementa costos para las microempresas, desincentivando la formalización y perpetuando la informalidad.
“La reforma estigmatiza la tercerización de servicios, crucial para la especialización y competitividad empresarial, y limita la automatización, lo que incrementa costos operativos. Estas restricciones afectan especialmente a las micro y pequeñas empresas, reduciendo su capacidad para competir en un mercado global donde la eficiencia es esencial”, indicaron.
Por último, entre sus observaciones manifestaron que la reforma crearía un modelo de negociación colectiva que homogeniza condiciones entre empresas de diferentes tamaños, lo que dificulta la competitividad de las micro y pequeñas empresas, que si se suma a la falta de claridad en el manejo de huelgas en servicios esenciales y la prohibición de pactos colectivos limitan la libertad de negociación, generando potenciales conflictos laborales.
Con estas tres observaciones sobre la mesa, Aliadas cerró haciendo un llamado a un debate nacional que equilibre los derechos de los trabajadores con las necesidades empresariales, reafirmando así su compromiso con un entorno empresarial justo y competitivo que beneficie a todos y promueva el crecimiento económico sostenible.
Fuente: Portafolio