Según el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, no todo se trata de crear nuevos impuestos.
Uno de los debates que se mueve por estos días en el contexto económico local tiene que ver con la Ley de Financiamiento que presentará el Gobierno Nacional al Congreso de la República en las próximas semanas, con miras a generar nuevos ingresos y hacer frente a los problemas de caja que ya obligaron a un recorte presupuestal este año, mientras no se descarta que haya que realizar otro.
De acuerdo con lo dicho por el Ministerio de Hacienda, esta iniciativa buscará recaudar $12 billones, cifra que genera dudas entre los expertos y autoridades económicas, puesto que por un lado se dice que no es suficiente y se necesita más, y por el otro se advierte que el palo no está para cucharas y que ni las empresas, ni las personas naturales, aguantan otro apretón tributario. Esto sin contar con el poco margen de maniobra que hay en este frente.
Más allá de reducir las exenciones, meterle mano al espectro de productos que actualmente pagan IVA o revisar la situación tributaria de los combustibles y el carbono; según analistas que han conversado con Portafolio, en este momento no hay mayores renglones de la economía sobre los que se pueda pensar en un cambio de la estructura tributaria, lo que llevaría a pensar en optimizar los que ya se tienen.
Cinco propuestas
Teniendo en cuenta que aumentar el recaudo fiscal es una tarea indispensable para evitar una disminución en la inversión pública proyectada para 2025 y hacer frente a la desaceleración que tiene el crecimiento contra las cuerdas, el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana puso sobre la mesa cinco propuestas para generar una reforma tributaria efectiva, acudiendo a alternativas como, por ejemplo, pensar en las regiones.
Según el documento revelado por este equipo, sus iniciativas buscan “simplificar la tributación, reducir el costo de uso del capital, disminuir la evasión y aumentar el recaudo”, dejando claro que no todo se trata de poner más impuestos, sino de optimizar los que se tienen, ya sea por medio de una fiscalización más fuerte o por medio de la generación de alianzas entre autoridades locales y regionales.
En primer lugar abordaron el régimen simple de tributación, punto en el cual sugieren reducir significativamente el umbral de ingresos para inscribirse o para permanecer en dicho régimen, indicando que podría quedar en 44.769 UVT ($2.107.053.000 a valores de 2024). De esta forma, para ellos, quedarían excluidas del régimen simple las medianas y grandes empresas quedando focalizado casi exclusivamente en las micro empresas.
“Este régimen fue creado con dos finalidades concretas: promover la formalización y el empleo en las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes). Sin embargo, no está demostrado que el simple esté cumpliendo con estos objetivos. Por un lado, la creación o permanencia de puestos de trabajo no es una condición para inscribirse ni para mantenerse en este régimen”, señalaron.
Rentas no laborales
Otra de las propuestas del Observatorio se centró en las rentas no laborales para personas naturales. Aquí recomendaron poner un piso a la renta líquida ordinaria como porcentaje de las utilidades (ingresos menos costos y devoluciones), resaltando que de esta forma se acotan los beneficios tributarios de los negocios constituidos como personas naturales.
“Estos beneficios favorecen principalmente al 0,1% de las personas más ricas, donde se concentran más de $50 billones en rentas no laborales y casi el 50% del total de los ingresos no laborales de todas las personas naturales”, explicaron, advirtiendo que para esto se deben revisar los artículos 335 y 336 del Estatuto Tributario.
En tercer lugar, se centraron en el impuesto de renta para personas jurídicas, señalando que se puede crear un esquema de tarifas marginales crecientes del 30%, 35% y 40%, similar al esquema vigente para personas naturales.
“De esta forma, las empresas más pequeñas enfrentarían una tarifa nominal del 30% mientras que las empresas más grandes enfrentarían una tarifa nominal del 40% sobre el último peso de renta líquida gravable. Con esta medida se espera corregir la regresividad vigente en el impuesto de renta de personas jurídicas, donde las empresas pequeñas enfrentan una tarifa efectiva más alta que las empresas más grandes”, aseguraron.
Denunciar la evasión
Avanzando con sus planteamientos y con miras a apoyar las labores de fiscalización de la Dian, el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana dijo que se pueden otorgar recompensas a quienes denuncien casos de evasión fiscal y contrabando, dejando claro que las que hay en este momento no son atractivas y poco ayudan a esta tarea.
“Es fundamental modificar la Ley 863 de 2003 (incentivos contra la evasión) para establecer un porcentaje de recompensa más atractivo, donde las recompensas pueden alcanzar hasta el 30% de lo recaudado. Además, se debe implementar una campaña de difusión masiva para asegurar que los ciudadanos estén informados sobre esta recompensa”, indicaron.
Poniendo ejemplos de casos de éxito, recordaron que en Estados Unidos, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) ofrece recompensas a los denunciantes que proporcionan información que lleva a la recaudación de impuestos, multas e intereses. Las recompensas pueden ser del 15% al 30% de lo recaudado si la cantidad en cuestión supera los $2 millones de dólares.
Por último, cerrando su lista de recomendaciones para una reforma tributaria efectiva, plantearon la posibilidad de reducir al 0% la tarifa sobre los dividendos que reciben las personas naturales que ya hayan sido gravados en cabeza de la sociedad que los distribuye.
“De esta forma, se reduce el costo de uso del capital y se incentiva el mercado de capitales, a un costo muy bajo para el recaudo. De hecho, aunque la tarifa del 0% a los dividendos reduciría el recaudo en cerca de $1 billón (pesos de 2022), el esquema de tarifas marginales crecientes para las personas jurídicas aumentaría el recaudo en casi $8 billones (pesos de 2022). El efecto neto sería cercano a los $7 billones (pesos de 2022) o casi 0.5% del PIB”, manifestaron.
Sea cual sea el camino que se tome, para este equipo de expertos tributarios, lo más importante es que haya consensos y diálogo entre las partes, dejando claro que la búsqueda de recursos no puede ir en contra de la generación de capital y crecimiento económico para el país.
Fuente: Portafolio