La reciente aprobación del Presupuesto Nacional puso al Ministerio de Hacienda a recalcular las cuentas de gasto.
El Congreso de la República ya tomó la primera decisión clave sobre las finanzas públicas del próximo año, luego de que esta semana, en sesión conjunta de las comisiones económicas, se aprobara en primer debate el Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2026, pero con un ajuste de fondo en el que el monto quedó en $546 billones, es decir, $10 billones menos de lo que había solicitado inicialmente el Gobierno.
Con este recorte, no solo se redefine el techo de gasto, sino que también se obliga al Ministerio de Hacienda a recalibrar la reforma tributaria en curso y por eso, el proyecto original que buscaba recaudar $26,3 billones, ahora el faltante se reduce a $16,3 billones. En otras palabras, la tributaria deberá ser más pequeña, aunque todavía necesaria para cerrar la brecha entre ingresos y gastos.
Un cambio a corto plazo
Para Mauricio Salazar, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, el ajuste cambia parcialmente el panorama, pero no resuelve el problema estructural ya que, “lo que tenemos hoy es apenas un primer debate aprobado. Todavía faltan tres debates más y solo hasta el 20 de octubre sabremos si ese recorte de 10 billones se mantiene. Mientras tanto, el Ministerio de Hacienda ya tiene que empezar a pensar en un nuevo texto para la ley de financiamiento”.
Salazar advierte que este tipo de ajustes son un alivio en el papel, pero dependen de lo que ocurra en el Congreso en las próximas semanas y dejó claro que si no se logra aprobar en todos los debates, el Gobierno tiene la opción de sacar adelante el presupuesto por decreto, con el monto inicial de $557 billones, agregando que “en ese escenario, la tributaria tendría que volver a ser de $26,3 billones, porque el hueco fiscal sería mayor”.
Los posibles recortes
Más allá de los tiempos políticos, el gran interrogante es de dónde se recortarán los recursos de la reforma tributaria. Según el Observatorio Fiscal, ya hay señales claras de hacia dónde podrían dirigirse los ajustes.
De un lado, el Gobierno ha hablado de limitar el alcance de los impuestos a hidrocarburos, licores y tabaco; dos sectores con fuerte impacto político y económico, pero que habían sido identificados como fuentes principales de ingresos.
Por otra parte, Salazar pone la lupa sobre el impuesto al consumo, incluido en la propuesta inicial. Según el académico, este gravamen presentaba un error técnico de origen, señalando que “se usó un instrumento que era para ingresos de la Nación para modificar ingresos territoriales. Eso no aguantaría un análisis de constitucionalidad”.
De confirmarse esta lectura, el impuesto al consumo tendría que salir del texto final de la reforma, reduciendo automáticamente la capacidad de recaudo.
El director del Observatorio Fiscal también recalcó que el escenario todavía es incierto, dado que la tributaria, ya recortada en teoría a $16,9 billones, aún no tiene un diseño definitivo. Y si el Congreso no aprueba el recorte al PGN en los tres debates restantes, el Gobierno tendría que volver al plan original, con una tributaria de mayor tamaño.
“Estamos en manos de lo que ocurra de aquí al 20 de octubre”, insistió Salazar, para quien “ese día sabremos si el ajuste de $10 billones se consolida o si volvemos a un presupuesto mayor que obligaría a un esfuerzo tributario adicional”.
Una discusión política y técnica
De esta forma, la discusión sobre el Presupuesto y la reforma tributaria no se limita a las cifras; sino que refleja la tensión entre lo político y lo técnico en la definición de las finanzas públicas. Mientras el Gobierno busca mantener su plan de gasto social y de inversión, el Congreso presiona por reducir los montos y cuestiona la capacidad real de recaudo.
En ese cruce de intereses, los analistas advierten que cualquier decisión tiene consecuencias de largo plazo y que una reforma tributaria reducida puede ser políticamente más viable, pero podría dejar insuficientes recursos para cubrir todas las obligaciones; mientras que una más ambiciosa podría chocar con la resistencia de los sectores económicos y de las mayorías legislativas.
Fuente: Portafolio