La Corte Constitucional resolvió una demanda sobre al tema y decidió que, a partir del 1 de enero, se disminuirían gradualmente hasta llegar a 1.000.
a Corte Constitucional declara inconstitucional la exigencia de que las mujeres tengan que cotizar 1.300 semanas para acceder a su pensión.
Esta declaración de la Corte surgió luego de haber estudiado una demanda en contra de un apartado del Artículo 9 de la Ley 797 de 2003, la cual, según el demandante, desconocía el derecho a obtener protección social especial en el ámbito de la seguridad social.
«La diferencia en la edad pensional, que ha sido el esquema tradicionalmente usado por el régimen jurídico en el país, hoy en día resulta insuficiente de cara a profundizar la aplicación del mandato constitucional por superar la discriminación por razones del género e, inclusive, se desactiva al exigírsele a las mujeres la misma densidad cotizacional que a los hombres, en menos tiempo», aseguró la Corte.
La corte agregó que el derecho al acceso a la seguridad social se debe aplicar de forma progresiva mediante condiciones que aseguren que no haya una discriminación directa o indirecta entre hombres y mujeres.
Así las cosas, y teniendo en cuenta el principio de sostenibilidad financiera, «se difiere el efecto de la medida hasta el 31 de diciembre de 2025, para que en dicho lapso el Congreso, en coordinación con el Gobierno Nacional, adopte un régimen de causación del derecho a la pensión de vejez en el que se considere integralmente el enfoque de género y, especialmente, la condición de las mujeres cabeza de familia. A partir del 1 de enero de 2026 y si el legislativo no adopta dicho régimen se disminuirán gradualmente las semanas de cotización, hasta llegar a 1.000».
Y así quedarían las cotizaciones:
– El número de semanas mínimas exigidas para las mujeres en el régimen de prima media se disminuirá en 50 semanas por el año 2026.
– A partir del 1 de enero del 2027, esta cifra se reducirá en 25 semanas cada año hasta llegar a las 1.000.
Por último, la Corte exhortó a las ramas Legislativa y Ejecutiva para que «adopten políticas y programas complementarios a la política pública pensional, que contribuyan a cerrar la brecha en la equidad de género, en especial, en lo referente al reconocimiento de la economía del cuidado y a la necesidad de proteger socialmente a quienes la ejercen».
Fuente: Portafolio