La reforma laboral de Petro plantea cambios en política de formalización de migrantes

El proyecto de ley impactaría de forma positiva, según analistas, en la población venezolana. no obstante, genera dudas sobre futuro del PPT.

El artículo 39 del nuevo proyecto de reforma laboral, una de las iniciativas bandera del presidente Gustavo Petro, plantea sobre el papel un giro en la perspectiva de cómo se contempla la migración dentro de la Casa de Nariño.

Presentado en el primer articulado y continuando en el segundo, este apartado contempla que “el estatus migratorio no será un impedimento para la exigencia de las garantías laborales y de seguridad social”.

Así mismo, las personas migrantes gozarán, en la medida de lo contemplado por las normas jurídicas, de las mismas garantías laborales entregadas a los colombianos.

“El proyecto de ley procura el reconocimiento de derechos en el trabajo con independencia de la situación migratoria que agudiza la vulnerabilidad y presión hacia la informalidad y desconocimiento de derechos de este grupo poblacional”, puntualizó el Ministerio de Trabajo en la exposición de motivos del articulado.

Andrés García, investigador del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, planteó que el ejercicio de la reforma es muy positivo.

“La regularización es clave para la inserción laboral y para la formalización, pero hay otras políticas pendientes, como las homologaciones para apuntar”, aseguró.

Juliana Morad, codirectora del Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana, consideró que esta medida podría beneficiar a la población migrante venezolana en el país.

“La principal barrera que tienen los migrantes venezolanos para acceder al mercado laboral formal es la regularización de documentos. Si bien se ha avanzado desde el anterior gobierno con la expedición del Permiso de Protección Temporal (PPT), todavía hay retos porque muchos de ellos llegan sin los documentos que se piden en el país para la regularización”, mencionó Morad.

La directora del departamento de Derecho Laboral mencionó que la irregularidad termina siendo muy costosa para la sociedad en general.

“Esta norma sería positiva para los migrantes y para el mercado laboral, ya que permite absorber un capital humano que trae muchos beneficios, la población venezolana tiene un alto nivel educativo, diverso, que podemos aprovechar como país y que puede aumentar la productividad”, agregó Morad.

Fuente: La República

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