Estos hallazgos comprometerían más de $39,000 millones según estableció el organismo de control.
La Contraloría General de la República presentó este miércoles -17 de julio- un informe en el que advierte de posibles irregularidades que se están presentando con la gestión de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), principalmente en sus funciones de recaudo, que estarían generando millonarias pérdidas para la Nación.
De acuerdo con el organismo de control, se trata de cuatro hallazgos fiscales que suman $39.602 millones, los cuales se establecieron tras una auditoría financiera. Además de estos, la Contraloría investiga otros cuatro hallazgos administrativos, de los cuales uno tiene una connotación disciplinaria que se revisará a fondo.
El caso más grave, que suma $38.772 millones y también tiene también incidencia disciplinaria, corresponde a una gestión inadecuada de la Dian en lo concerniente a su función recaudadora en un proceso de cobro a una sociedad que debió entrar en un proceso de liquidación luego que tres de sus accionistas fueran incluidos en la Lista Clinton.
“Se realizó una exhaustiva evaluación de los procesos de cobro llevados a cabo por la Dian, identificando varias deficiencias significativas. Se evidenció que en uno de los procesos de liquidación societario debido a la inclusión de tres de sus accionistas en la lista Clinton¸ dicha sociedad no presentó las declaraciones del Impuesto sobre la Renta y Complementarios, ni el Impuesto sobre las Ventas-IVA para el período del año gravable 2007”, resaltaron en el informe.
Con esto, según la Contraloría, se acumuló un saldo correspondiente al Impuesto al Patrimonio del mismo año, mientras que no se logró evidenciar la vinculación de la autoridad tributaria al proceso de liquidación, aun cuando dicha entidad contó con los medios para conocer la situación jurídica de la sociedad.
“A la fecha de realización de la auditoría se observó también que la Dian no recuperó los recursos adeudados por la sociedad y que los mandamientos de pago proferidos se encontraban prescritos”, manifiesta en otro punto.
La causa de este problema se dio, de acuerdo a lo reportado, porque desde la Dirección de Impuestos no se realizó la gestión de cobro conforme a la situación jurídica de la sociedad liquidada y por ende no se vinculó al proceso de liquidación, “sino que adelantó un proceso de cobro como si no se encontrara en un proceso especial, aun cuando la entidad contaba con información que daba cuenta de la situación jurídica del contribuyente”.
“Adicionalmente no consultó su estado a la Superintendencia Financiera, sino que se remitió a la extinta Superintendencia de Valores y no tuvo en cuenta que una vez disuelta la sociedad se debe proceder de inmediato a la liquidación y esperó 4 años para comunicar los actos administrativos de las sanciones e iniciar el proceso de cobro, aún cuando a la fecha en que se enteró de la disolución y liquidación, la sociedad ya se encontraba en mora con el pago de la segunda cuota del Impuesto al Patrimonio del año gravable 2007”, manifestó este organismo.
Con esto sobre la mesa, la CGR concluyó que la Dian no desplegó acciones contundentes para gestionar de manera efectiva la acción de cobro de lo adeudado por el contribuyente y los correspondientes deudores solidarios, subsidiarios, a pesar de que tuvo acceso a información de los accionistas e interrelacionó con ellos, principalmente con quien ostentaba la calidad de Persona Natural Matriz con situación de control.
Detrimento patrimonial
En otro de los hallazgos fiscales reportados por la Contraloría tiene que ver con los protocolos de reclamación ante un siniestro (PR-ADF-0017 y PR-ADF-029), el cual hace parte del control de inventarios de mercancías y bienes adjudicados a la Nación, donde se encontró que hubo una presunta negligencia frente a reclamaciones de aseguradoras.
“Como resultado de la auditoría, la CGR identificó un posible detrimento patrimonial por valor de $829.935.164 por bienes que se encontraban en custodia e incorporados en el patrimonio de la DIAN y sobre los cuales los funcionarios encargados de dar a conocer los siniestros y adelantar las respectivas reclamaciones ante las aseguradoras, omitieron dicho trámite y vinieron a hacerlo tres años después de ocurridos los incidentes”, señalaron.
En esto también se encontró que todos los procesos se adelantaron sin el lleno de los requisitos establecidos en los contratos de seguro, ocasionando la imposibilidad de recuperar las sumas correspondientes.
Con esto sobre la mesa, desde la Contraloría se hizo un llamado a la Dian para que mejore sus procedimientos de cobro, garantizando una gestión eficaz y oportuna de los recursos públicos y hace un llamado para que las reclamaciones ante siniestros se realicen de manera oportuna y conforme a los términos contractuales, evitando así futuros detrimentos patrimoniales y garantizando la protección de los bienes del Estado.
Fuente: Portafolio