Esta es una de las estrategias del Minhacienda para lograr los recursos que le hacen falta para el otro año.
En medio de los apretones de caja y un recaudo tributario que trata de dar señales de mejoría, pero no llega todavía a los niveles que se necesitan, el Gobierno Nacional baraja varias opciones para encontrar los recursos que le hacen falta en sus proyecciones de gasto del próximo año y asegurar el cumplimiento de sus promesas y programas sociales.
En ese sentido se habla de una ley de financiamiento que espera su primer debate en el Congreso, de refinanciar las deudas vigentes para liberar espacio de gasto y de adelantar la regla fiscal, esto último como una recompensa al buen manejo que ha mostrado el país en el manejo de sus deudas y el cumplimiento de los compromisos.
Si bien hay quienes dicen que la mejor salida es gastar menos, desde autoridades como el Ministerio de Hacienda han sido enfáticos en que no hay espacio para recortar y que se debe trabajar con las alternativas existentes para garantizar que no se frenen renglones de la economía tan importantes como la inversión, como es el caso de la regla, punto de referencia para los analistas y calificadoras de riesgo.
Dicho de forma simple, la propuesta de adelantar la regla fiscal consiste en aplicar un mecanismo de cálculo del déficit permitido un año antes de lo planeado, es decir, en 2024 en lugar de 2025, para que de esta forma el Gobierno pueda acceder a más recursos por medio de mayor endeudamiento, en concreto, aumentar el déficit en un 0,3% del PIB, lo que equivaldría a gastar $5,3 billones más.
El mismo Minhacienda ha dicho que esto es posible, ya que no se cambian las reglas de juego, sino que se aprovecha el buen desempeño fiscal del país para dar un alivio al apretón de caja que se está sorteando, mediante la reclamación anticipada de un beneficio que se pensaba usar más adelante. No obstante, un reciente análisis desde la academía sostiene que esto no es algo conveniente a largo plazo.
Un informe del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana sostiene que aunque la Nación podría acceder a más recursos en el corto plazo, los riesgos de dañar la credibilidad y sostenibilidad de las finanzas públicas son altos, ya que la propuesta actual no incluye un plan claro para reducir el endeudamiento a largo plazo, lo que podría agravar el déficit fiscal y la estabilidad económica del país.
Estos analistas comenzaron recordando que la Regla Fiscal, introducida en 2011, tiene como objetivo limitar el déficit fiscal y controlar el endeudamiento público y que desde la Ley 2155 de 2021, vincula las metas fiscales al nivel de deuda pública, estableciendo un límite del 71% del PIB y un ancla prudente del 55%. Todo esto con el fin de garantizar la sostenibilidad fiscal a largo plazo, promoviendo estabilidad macroeconómica y confianza de los inversionistas.
“Entre 2022 y 2025, la Regla Fiscal contempla un periodo de transición debido a los efectos del Covid-19. Durante este tiempo, el déficit fiscal permitido se ajusta gradualmente, con metas más flexibles, pasando de -4,7% del PIB en 2022 a 0,5% en 2025. Este esquema permite que las finanzas públicas se estabilicen de manera progresiva tras el impacto de la pandemia, reduciendo gradualmente el déficit”, explicaron.
No es conveniente
Con todo lo anterior sobre la mesa, el Gobierno sostiene que las metas fiscales de 2022 y 2023 ya fueron alcanzadas con holgura y gracias a esto se puede adelantar la vigencia del mecanismo de cálculo del Balance Primario Neto Estructural (BPNE) a 2024, en lugar de 2025; ganando de esta forma un espacio importante en los recursos para financiar gastos corrientes, principalmente mediante endeudamiento.
“Aunque, desde cierto punto de vista sería ineficiente para el gobierno seguir apretándose el cinturón y, consecuentemente, no parezca problemático adquirir nueva deuda de corto plazo consistente con la Regla Fiscal, desde el Observatorio Fiscal de la Javeriana consideramos que podría no ser conveniente”.
Para el Observatorio Fiscal, modificar la Regla Fiscal para cubrir necesidades de gasto a corto plazo puede dañar la credibilidad y sostenibilidad de las finanzas públicas y recuerda que estas líneas rojas buscan estabilidad a largo plazo y que la imagen ante organismos internacionales y calificadoras de riesgo sea favorable.
“Flexibilizar la regla para resolver urgencias puede aumentar el endeudamiento sin un plan claro de reducción, generando desequilibrios fiscales y pérdida de confianza de los inversores. La actual Ley de Financiamiento busca $5,3 billones adicionales de gasto mediante deuda, sin generar ingresos fiscales a mediano plazo ni proponer recortes al gasto o medidas de austeridad, lo que podría agravar el déficit y perpetuar una dinámica fiscal insostenible en el largo plazo”, acotaron.
Regla verde
Otro de los capítulos revisados por los economistas de la Universidad Javeriana fue la famosa ‘regla fiscal verde’, que pretende incluir el cumplimiento de metas ambientales dentro de las restricciones presupuestales que regulan las finanzas públicas; para que el Gobierno no solo se enfoque en mantener un equilibrio entre ingresos y gastos, sino también en alcanzar objetivos de sostenibilidad ambiental.
“En específico, el gobierno propone que las inversiones verdes no sean contabilizadas en el BPNE dentro de la Regla Fiscal. El gasto asociado a proyectos que cumplan con la Taxonomía Verde de Colombia y los requisitos del Marco de Referencia de Bonos Verdes, Sociales y Sostenibles Soberanos de Colombia no se incluirán en el cálculo del Balance Primario Estructural”, indicaron.
Así las cosas, aunque destacan que una Regla Fiscal Verde podría generar incentivos para la transición hacia una economía más sostenible, garantizando que los compromisos ambientales sean parte de la planeación fiscal a largo plazo; prenden alertas respecto a que advierte que se debe tener cuidado al diseñar esta regla, para evitar que las prioridades ambientales se financien a costa de incrementar la deuda pública de manera insostenible.
Estos cambios en la regla fiscal hacen parte del proyecto de Ley de Financiamiento que cursa actualmente en el Congreso y que son parte fundamental de las cuentas con las que el Ministerio de Hacienda justifica los $523 billones del Presupuesto General de la Nación para el próximo año, ya que si no se avala la iniciativa, estos gastos deberán ser recortados.
Fuente: Portafolio