El Ministerio de Hacienda adelanta una fuerte pedagogía con esta iniciativa para explicar sus beneficios.
La próxima semana será muy importante para los planes financieros del Gobierno Nacional que buscan cuadrar las cuentas de gastos e ingresos del próximo año y que todavía no convencen a los economistas, centros de estudio y al mismo Congreso, que sigue pidiendo claridad sobre los impactos que se generarán, tanto con el Presupuesto, como con la ley de financiamiento que busca generar recursos para el país.
Entendiendo la importancia de asegurar estas iniciativas y la premura que hay por la falta de tiempo, el Ministerio de Hacienda viene adelantando una fuerte campaña pedagógica para explicar lo que quiere y las necesidades que hay en el mercado local en materia económica y para aclarar lo que ellos han calificado como mentiras e imprecisiones respecto a los alcances y efectos de sus propuestas.
Así las cosas, este viernes presentó un abecé de la ley de financiamiento o reforma tributaria que ya está en el Congreso y que será debatida en las sesiones que vienen para las comisiones económicas del Legislativo. Allí menciona tres pilares que resaltan como importantes para generar nuevas fuentes de ingreso y estimular la economía, mediante movidas estratégicas en varios renglones.
Reactivación económica
El primer pilar se concentra en la reactivación económica y la lucha contra la desaceleración, razón por la cual plantean cinco estímulos que desde su perspectiva ayudarán a prender los motores productivos que no la pasan bien, como la construcción, además de impulsar sectores que califican como estratégicos para el desarrollo sostenible y evitar que siga avanzando el cambio climático.
Debido a esto quieren desarrollar el turismo en poblaciones con menos de 200.000 habitantes, bajar la tarifa de la renta corporativa del 35% al 37% para las empresas, teniendo en cuenta su tamaño, extender por cinco años más la exención del IVA para la reposición del parque automotor de transporte público y de carga.
También proponen que el Congreso les autorice financiar la opción tarifaria, beneficiando a los estratos 1, 2 y 3 mediante la reducción del valor de la factura de energía, y habilitar al Fondo Nacional del Ahorro para que otorgue créditos de mejoramiento de vivienda sin recurrir a mecanismos como las hipotecas.
Ajuste tributario
Luego de esto viene el segundo pilar, donde se concentra la mayor parte de la polémica con los cambios tributarios que sugieren desde el Ministerio de Hacienda, especialmente por la imposición del IVA del 19% a los juegos de suerte y azar en línea, la eliminación de los beneficios para los vehículos híbridos y la creación de un bono para apoyar a las empresas que inviertan en transición energética.
El Ministerio de Hacienda también contó que la ley de financiamiento propone ajustar la tarifa mínima de tributación de renta para aquellos sectores en los que aplique, pasando del 15% al 20%, fortalecer la progresividad del impuesto al patrimonio y el aumento a las ganancias ocasionales en el caso de rifas y apuestas, que pasaría del 20% al 25%.
Aunque no lo mencionaron en su abecé, en los ajustes de impuestos del polémico proyecto también se busca acabar con el régimen simple de tributación, ya que para el Gobierno sólo ha servido como un camino para que grandes contribuyentes le hagan el quite al pago de impuestos y alivien sus cargas tributarias.
Regla fiscal
El tercer frente de acción que moverá el Gobierno con su proyecto de ley de financiamiento es la regla fiscal, frente en el que quiere trabajar de dos formas. La primera es la inclusión de un concepto verde en la regla fiscal, que si bien tiene buenas intenciones, ha sido calificado por algunos sectores como un ‘mico’ que flexibilizaría los topes de gasto y deuda de la Nación y afectará la confianza inversionista.
En este sentido lo que se quiere es promover inversiones que reduzcan el pasivo ambiental y apoyen estrategias de mitigación del cambio climático, para de esta forma fomentar la transición energética hacia fuentes renovables que garanticen un desarrollo sostenible a largo plazo. Estas acciones se enmarcan en un esfuerzo por reorientar recursos hacia la conservación ambiental.
Básicamente el Gobierno solicita un espacio de gasto adicional temporal que, junto con el apoyo internacional y privado, ayude a cerrar la brecha de financiamiento climático. La propuesta establece que el componente verde de la Regla Fiscal, excluido del Balance Primario Neto Estructural, será de hasta 0,3% del PIB anual entre 2025 y 2030 y 0,15% entre 2031 y 2035. Esto permitiría que el país invierta en sostenibilidad sin afectar el balance fiscal.
Cabe recordar que ante las constantes advertencias sobre el manejo fiscal que se está planteando con las cuentas del Presupuesto, el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, sostuvo que no se está haciendo nada ilegal y que cada una de estas se encuentra justificada en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, razón por la cual cuentan con el sustento necesario.
“Esta no es la primera vez, ni es ilegal, ni es chantaje que un presupuesto se presente desfinanciado y vaya acompañado de un proyecto de ley de financiamiento. El proyecto de ley de financiamiento es para completar el financiamiento. Ese es su nombre. No es la primera vez que se ha hecho en Colombia, las normas presupuestales lo dicen, lo permiten, lo autorizan”, indicó Bonilla González.
La última movida de la ley de financiamiento consiste en adelantar el cumplimiento de la regla fiscal, con el fin de ganar margen de maniobra con el gasto y la deuda y de esta forma dar un alivio a la caja del Estado, que no la pasa bien por estos días. En este punto el Minhacienda dice que es viable gracias al buen comportamiento de las finanzas.
Este proyecto pasará al tablero la próxima semana en las comisiones económicas de Senado y Cámara, donde urge conocer el detalle de los pro y contras en la iniciativa para saber si se aprueban los $12 billones en el Presupuesto General de la Nación del 2025, que dependen de que esta iniciativa se avalada o por el contrario se deja sin piso jurídico y se recorta el gasto, contrario a lo que pide el Gobierno.
Fuente: Portafolio