La falta de personal y de equipos, así como la dinámica económica; son factores que juegan en contra de este objetivo.
El proyecto del Presupuesto General de la Nación para el próximo año enfrenta una tormenta bastante fuerte en el Congreso de la República, ya que sus cuentas de ingresos no convencen y esto ha generado una división marcada en el Legislativo, donde por un lado se pide que haya un recorte de al menos $12 billones, mientras que el Ministerio de Hacienda reitera que esto no sucederá, ya que se necesita toda la plata.
De los $523 billones que pidió el Gobierno Petro, por lo menos $24,1 no cuentan con un sustento sólido en los ingresos, ya que dependen de factores como la ley de financiamiento, adelantar la regla fiscal y de la eficiencia en el recaudo por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, entidad que se rajó durante el primer semestre precisamente en esa materia y genera dudas hacia el futuro.
Recientemente se han conocido varias alertas respecto a que la capacidad de la Dian para recaudar impuestos se habría sobreestimado nuevamente y que aunque las proyecciones presentadas este año son más aterrizadas que las del 2023, desconocen las problemáticas que enfrenta la autoridad tributaria, principalmente por la falta de personal y equipos para hacer mejor su trabajo.
Revisión del Carf
Uno de los primeros campanazos llegó desde el Comité Autónomo de Regla Fiscal (Carf), que en su análisis de proyecto de PGN 2025 pasó revista al recaudo proyectado en $29 billones dentro del concepto de gestión de la Dian, que en sus cálculos se aumentó en $14,8 billones respecto al Marco Fiscal de Mediano Plazo socializado a mitad de año.
Por otra parte, en cuentas generales manifiesta que hay riesgos significativos en la proyección de ingresos del Gobierno para 2025, resaltando que incluyen un incremento de $31 billones, de los cuales $14,6 billones dependen de una mayor capacidad de recaudo de la Dirección de Impuestos y en este sentido sostiene que el incremento es un riesgo elevado en términos de factibilidad.
“La incorporación de personal en la Dian, clave para el incremento en la recaudación, solo ha alcanzado el 51% a junio de 2024, y se proyecta cubrir el 66% a diciembre de 2024. Dado este ritmo, se espera completar el personal necesario en 2026, lo que podría retrasar el impacto positivo en el recaudo proyectado para 2025. Además, se requerirá más tiempo para implementar los sistemas tecnológicos avanzados”, explicaron.
Con base en esto plantea que el concepto de “recaudo por gestión”, actualmente genera un riesgo de desfinanciación al Presupuesto en más de $22 billones, ya que de los $29 que tienen pensado conseguir, el Carf cree que únicamente quedaría en $6 billones, con lo cual se agrandaría el hueco fiscal para el otro año y se podría repetir el escenario de recorte que se originó en junio por la caída de los ingresos de litigios y arbitramentos.
“El supuesto de recaudo por mayor gestión de la Dian para 2025, aunque factible en el mediano plazo, presenta un riesgo importante en el corto plazo, en vista de la demora en la incorporación de personal y la ampliación del cronograma para la modernización tecnológica de la entidad”, concluyó el Carf.
Números en rojo
Partiendo de los $22,6 billones calculados por el Carf, el exviceministro de Hacienda Andrés Pardo dice que el hueco es más grande de lo que se piensa, ya que a estos se deben sumar los rubros que dependen de la ley de financiamiento, con lo que las cuentas en déficit alcanzan a tocar los $40 billones.
“El proyecto de presupuesto para 2025 incluye 28,6 billones de mayor recaudo por gestión de la Dian (1,7% del PIB), superior a los $14 billones (0,8% del PIB) que se habían incluido por igual concepto en el Marco Fiscal (MFMP 2024) de junio. Esa cifra no es realista”, manifestó este economista.
Pardo Amézquita agregó que el “Minhacienda estima que en 2024 el recaudo por gestión de la Dian será de 0,2% del PIB o unos $3,5 billones y en el Marco Fiscal de junio ya se había reducido esa estimación para 2025 de 1,3% a 0,8% del PIB, así que en un escenario optimista pero alcanzable, ese valor difícilmente superará los $7 billones en 2025. Es decir que al menos $20 billones tienen una fuente altamente incierta”.
Cabe resaltar que a este hueco hay que sumarle ahora la carga fiscal que generará el acuerdo entre el Gobierno y los camioneros, que se estima en más de $7 billones en el mejor de los casos para 2025 y de esta forma, la plata que faltaría para el presupuesto del otro año rondaría fácilmente los $40 billones, dejando claro que se necesita un recorte urgente del gasto para preservar la estabilidad fiscal.
Avanza la contratación
De acuerdo con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en este momento avanzan en las etapas finales del Concurso de Méritos 2497 de 2022 que ofertó un total de 4.700 empleos, adelantando los respectivos desempates de los elegibles que tienen un mismo puntaje, audiencias de escogencia de ciudades en conjunto con la Comisión Nacional del Servicio Civil y curso de inducción, acciones que deben desarrollarse previo a expedir el acto administrativo de nombramiento en periodo de prueba.
“Un factor externo que ha impactado el proceso de provisión es la presentación de 1.077 tutelas que han afectado durante el proceso la provisión de 1.806 No. 061 vacantes, alterando el cronograma previsto tanto en la expedición de listas de elegibles como en los tiempos de realización de las audiencias, demás etapas previas a los nombramientos y posesión de los elegibles”, explicaron.
La entidad cerró diciendo que “de los 4.700 empleos convocados, se han proferido 1.577 nombramientos en periodo de prueba, 2.612 en etapas previas al nombramiento, de los cuales 996 en repetición de audiencia de selección de plazas por orden judicial de tutela y 71 vacantes desiertas. Por otro lado, no han sido expedidas listas de elegibles para 384 nombramientos afectadas de igual manera por pronunciamientos judiciales”.
Fuente: Portafolio