Esta iniciativa parece estar postergada para darle juego a otros proyectos que corren riesgo de hundirse.
A mediados de año, concretamente el 19 de junio, el Gobierno Nacional logró una aprobación del Congreso que hasta ese momento se daba por descontada y logró salvar el proyecto de ley que busca ponerle topes a los aumentos del impuesto predial en el país, para garantizar que la actualización catastral no se traduzca en afectaciones económicas para las regiones, especialmente las más apartadas
Esta es una apuesta de la Casa de Nariño que está en manos del Ministerio de Hacienda y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, desde donde se han hecho las gestiones respectivas para que el Legislativo avance, en medio de las observaciones que han hecho en la Cámara de Representantes por varios puntos que es necesario precisar.
Por ahora la iniciativa solo tiene el aval de la Comisión Tercera de la Cámara y está a la espera de su debate en Plenaria, donde se definirá si pasa o no al Senado, donde también ha encontrado resistencia desde algunos sectores. No obstante, hay que decir que el ánimo entre los congresistas hasta el momento ha sido de conciliación.
Portafolio habló con fuentes de la Cámara para conocer el estado del proyecto y constató que durante lo corrido de esta legislatura no se han registrado avances y no se ha radicado siquiera la ponencia para su debate en la plenaria, a falta de menos de un mes para que acabe el período de sesiones que va hasta el 16 de diciembre.
De acuerdo con las versiones recolectadas por este medio, teniendo en cuenta que durante el primer debate surgieron posiciones encontradas sobre cómo implementar el mecanismo que calcula el techo del impuesto predial, especialmente en lo relacionado con la gradualidad de los aumentos, en el Gobierno quieren evitar desgastes y concentrarse en otros frentes que requieren mayor atención.
En este contexto, la prioridad del Ejecutivo es la Ley de Financiamiento, en manos del Ministerio de Hacienda, que necesita pasar en el Congreso antes de que acabe el año, puesto que de aquí dependen $12 billones del Presupuesto Nacional del 2025, que deberán ser recortados de las cuentas del Estado si no se surte el trámite favorablemente.
Es por esto que actualmente el proceso se encuentra estancado y la falta de consensos es un obstáculo que por ahora no se quiere enfrentar, escenario que habría llevado al mismo presidente Gustavo Petro a pedir a los promotores de la iniciativa que aguarden para no generar un trancón legislativo que afecte sus objetivos.
Un alto costo
Según cuentas del Igac, presentadas al Congreso, la desactualización catastral en Colombia podría estar costándole al país cerca de $3 billones anuales, afectando principalmente a las poblaciones más pequeñas. Actualmente, el impuesto predial recauda alrededor de $11 billones, equivalente al 0,78% del PIB. Con una actualización catastral adecuada, este monto podría aumentar significativamente, alcanzando al menos un punto completo del PIB.
Cabe destacar que el Gobierno Nacional es consciente de la importancia de poner topes al aumento del impuesto predial, sin embargo, el momento político que se vive en el Congreso y el giro de algunos sectores que antes lo apoyaban abiertamente y ahora han tomado distancia, lo han obligado a revisar las apuestas que quiere ganar y allí no está el proyecto en mención.
Combatir la inequidad tributaria exacerbada por la desactualización catastral, es una de las cosas que busca cambiar la propuesta, argumentando que ciudades como Bogotá recaudan una parte desproporcionadamente alta del impuesto predial; generando disparidades en el desarrollo y la prestación de servicios públicos entre las regiones.
Concretamente, según cifras oficiales, cinco ciudades del país y los municipios de categoría especial y de categoría 1 recaudan el 81% del impuesto predial total. Así mismo, desde el Ministerio de Hacienda se han descartado presiones inflacionarias por las cuales se deba temer.
“Nadie está aumentando el predial, este impuesto ya está reglamentado en Colombia. La actualización catastral sigue su curso y lo que todos queremos es reducir el impacto sobre los ciudadanos de esa actualización catastral. Ese es el objetivo de este proyecto”, dijo en su momento el ministro Ricardo Bonilla.
Cambios a revisar
Otro punto pendiente del proyecto tiene que ver con los dos artículos que se incluyeron en el texto para su revisión en los próximos escenarios. Con el primero se establece que para los municipios que actualizaron su catastro con base en la Ley 1995 de 2019, no se podrá tener en cuenta los límites contenidos en la misma para el impuesto liquidado el año anterior a la entrada en vigencia de dicha actualización.
Esta normativa recae directamente en las administraciones municipales, que una vez se apruebe la iniciativa deberán ser más cuidadosas a la hora de liquidar estos aumentos para no afectar a los contribuyentes.
El segundo nuevo artículo deja claras las definiciones de términos clave para esta iniciativa, como procesos de formación catastral, actualización catastral, conservación catastral, difusión catastral, reducción del rezago de avalúos catastrales, entre otros.
En la elaboración de este proyecto participaron representantes de la sociedad civil, congresistas, autoridades regionales y delegados de los ministerios de Hacienda, Agricultura y el Instituto Agustín Codazzi, con el fin de recoger todas las propuestas y unirlas dentro del texto que se está votando.
Si bien en su momento se buscó que el tope fuera del 200% para predios de hasta 135 salarios mínimos mensuales, en su paso por la Comisión Tercera se cambió al 30%. Teniendo en cuenta que representan el 90% de las propiedades del país; mientras que sectores como el agro dicen que no hay sustento jurídico para los cambios.
Así las cosas; por lo que resta del 2024 no habrá mayores avances en este frente y habrá que esperar al próximo año, para saber si finalmente se continúa con el proyecto o si, como ha pasado en otras ocasiones, se deja hundir para centrarse en apuestas pendientes como las reformas laboral y de salud o una eventual reforma tributaria si no pasa la ley de financiamiento.
Fuente: Portafolio